Lima, 19 jun. 2007.- El Secretario General de la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, destacó hoy la aprobación del Plan Andino de Lucha contra la Corrupción en el marco de la Cumbre Presidencial Andina, y la voluntad de los mandatarios andinos de implementarlo “lo más pronto posible”.

Ehlers manifestó que en la Cumbre, los Jefes de Estado asumieron el compromiso de combatir la corrupción porque consideran que es el “requisito indispensable para resguardar el patrimonio del Estado, fortalecer el sistema democrático, consolidar la legitimidad institucional y potenciar el desarrollo integral de los pueblos andinos”.

Informó que el objetivo del Plan Andino es no sólo adoptar estrategias comunes para coadyuvar a la erradicación de la corrupción en el ámbito comunitario, sino también promover el establecimiento de políticas, estrategias, metas y mecanismos para aumentar la eficacia y eficiencia en la lucha contra la corrupción.

“Los países podrán propiciar el diseño y aplicación de políticas contra la corrupción que refuercen sus planes nacionales e incentivar una mayor y más activa participación ciudadana en el mejoramiento de la gestión pública y en la vigilancia y control de los recursos del Estado, entre otras acciones”, puntualizó.

Ehlers expresó que la decisión del Presidente Pro Témpore de la Comunidad Andina, Alvaro Uribe, de promover periódicas rendiciones de cuentas sobre avances en lo social, sobre el tema ambiental y la corrupción tendrá todo el apoyo que sea necesario de parte de la Secretaría General.

La Decisión 668, mediante la cual se aprueba el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción, crea un Comité Ejecutivo Andino, integrado por autoridades de organismos competentes en la materia, para que se encargue de elaborar los Programas de Acción anuales y proyectos de acción para la ejecución y seguimiento del Plan.

Los Programas de Acción anuales contemplarán prioridades en materia de formación ciudadana, participación y control social; desarrollo legislativo; transparencia de la gestión pública, medidas dirigidas al sector público, fortalecimiento de los organismos de control a través de legislaciones nacionales y acciones de combate a la impunidad en casos de corrupción.